Programa electoral: 1. Democracia Real. Si no cumplen... que se vayan

Crece entre los ciudadanos el rechazo hacia la participación política y hacia los políticos en general. Las promesas que se hacen durante las campañas electorales son luego olvidadas sin que los votantes tengan mecanismo alguno para reclamar lo prometido, como si al acceder al poder, los alcaldes dispusieran de un cheque en blanco para actuar como les venga en gana. La actuación de muchos cargos que, cuando acceden al poder, utilizan lo público para su enriquecimiento personal, ha extendido la percepción de que la política y los partidos políticos se han convertido en maquinarias que defienden sus intereses y espacios privados, alejados de las necesidades y reclamos del pueblo. Se han convertido en normales el robo, la estafa y la mentira. A nivel municipal las operaciones urbanísticas se entienden en el conjunto de la población como operaciones especulativas donde un grupito de políticos y empresarios se reparten beneficios millonarios. Esta figura se ha repetido demasiadas veces en demasiados ayuntamientos de España.

No podemos calificar de realmente democrático un sistema orientado a perpetuar en el poder al conjunto de fuerzas que actualmente se alternan en los gobiernos municipales y autonómicos. Los grandes partidos reciben millones de euros del Estado, a lo que hay que sumar los medios técnicos y humanos que las administraciones ponen al servicio de los electos (despachos, ordenadores, vehículos, chóferes, secretarios, asistentes, etcétera), mientras otras opciones se ven aplastadas por una Ley Electoral que favorece a los grandes e impide que aparezcan las necesarias nuevas alternativas. Ni que decir tiene que los grandes poderes económicos están muy interesados en que esto continúe así, y la poco transparente financiación de los grandes partidos lo demuestra. La maraña de instituciones a distintos niveles (local, regional, nacional, europea) aumenta la sensación de lejanía de los ciudadanos. Hay una grave crisis de legitimidad de partidos e instituciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, cada vez más ciudadanos se apartan de la “democracia formal” y se abstienen como medida de protesta o de desinterés en las elecciones.

Para los humanistas no es suficiente votar una vez cada cuatro años. Las nuevas tecnologías permiten la construcción de mecanismos directos de información y participación, que controlen al poder político y permitan una soberanía real del pueblo, y no sólo un simulacro en el papel. Por ello proponemos una Ley de Responsabilidad Política que obligue a los cargos electos a responder ante los ciudadanos sobre las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, y contemple las promesas realizadas en campaña como un contrato entre el político y los votantes. Este contrato, al igual que cualquier otro, tiene que poder rescindirse cuando el político no lo cumple.

No podemos admitir que un alcalde, o cualquier otro representante del pueblo, tome decisiones que comprometan a varias generaciones de ciudadanos sin consultarles, y sin rendir cuentas ante nadie en cuatro años. Así ha sucedido, por ejemplo, cuando un Gobierno se ha embarcado en guerras o, llevándolo al plano municipal, cuando determinados alcaldes han endeudado a sus municipios con caprichosas obras faraónicas, teniendo después que reducir la calidad de los servicios básicos. ¿Cuándo hemos sido consultados antes de tomar decisiones de este calibre? Los humanistas defendemos que la delegación de poder que se hace en los representantes tiene que limitarse a los asuntos de administración ordinaria y al cumplimiento de sus programas electorales. Todas las grandes decisiones deben ser consultadas a los ciudadanos mediante referéndum.

En definitiva, para que la actual democracia sea real, es necesario reducir el poder de los representantes y devolvérselo a los representados en forma de democracia directa. Para ello necesitamos la creación de una Ley de Responsabilidad Política que sancione los incumplimientos electorales, que garantice un acceso igualitario de todos los partidos a los recursos públicos y a los medios de comunicación, y que permita que los colectivos ciudadanos puedan tener iniciativa directa legislativa y ejecutiva, incluso promoviendo la revocación de mandatos. Esta concepción de la democracia real es muy factible para ponerla en práctica en los municipios, donde el ciudadano tiene percepción directa sobre lo que hacen sus alcaldes y concejales.