31 dic 2013

2013, UN AÑO DESASTROSO PARA LA SANIDAD

 
2013, UN AÑO DESASTROSO PARA LA SANIDAD
 
La finalización del año es un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en este tiempo y establecer proyectos para el futuro.
 
La Sanidad Pública, como otros servicios públicos básicos, ha sufrido una brutal agresión y un gran retroceso en 2013, aunque resultaría prácticamente imposible hacer un relato pormenorizado de todos ellos, los fenómenos más negativos para la Sanidad durante este año han sido los siguientes:
 
Recortes presupuestarios
Se han producido recortes generalizados en los presupuestos de las CCAA, del Ministerio de Sanidad y de los demás organismos con competencias sanitarias, recortes que se suman a los ya producidos a partir de 2009. En el conjunto de las CCAA se produjo una disminución de 152,8 € por habitante y año entre 2010 y 2013 (-11,42%), aunque con notorias diferencias entre las distintas autonomías. El total de la disminución presupuestaria de la Sanidad Pública entre 2010 y 2013 alcanzo los 7.500 millones €.
 
Recortes de personal
La principal, aunque por supuesto no la única repercusión de los recortes, ha sido una acusada disminución del personal sanitario. De acuerdo con las cifras de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, en julio de 2013 había 25.543 trabajadores sanitarios públicos menos que en enero de 2012, los cálculos de los sindicatos más que duplican esta cifra porque una gran parte de la disminución de personal ha ido a la eliminación de personal  contratado y eventual que no aparece en las cifras oficiales.
 
Aumento de las listas de espera
Como es obvio, la reducción de personal ha afectado a los cierres de camas, puntos de atención continuada, etc, y ha producido reducciones del horario de asistencia sanitaria, y de actividades asistenciales (intervenciones quirúrgicas, exploraciones, etc.)  Aunque resulta muy difícil hacer cálculos porque los recortes se han hecho de manera muy diferente según CCAA, centros, servicios y especialidades, de manera aproximada puede decirse que suponen 7 millones menos de consultas de atención especializada, 700.000 exploraciones radiológicas menos, 280.000 estancias hospitalarias menos y 250.000 intervenciones quirúrgicas menos. No es por lo tanto de extrañar que según las cifras oficiales, que todos sabemos que están manipuladas, se haya producido un aumento de las listas de espera tanto quirúrgica (aumento de 24 días de media, con un aumento del 7,1% de los pacientes que esperan mas de 6 meses) como en consultas externas (aumento de 6 días de media de la espera y del 24% de los pacientes en espera por 1000 habitantes).
 
Copagos
En aplicación del RD 16/2012 se establecieron copagos generalizados sobre los medicamentos (se anuncia que ahora en diciembre se acabara por instaurar el de los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias), que se sumo a la exclusión de mas de 400 fármacos de la financiación pública. El resultado ha sido que entre un 12 y un 16,7% de los pensionistas no compran algunos de los medicamentos prescritos con las repercusiones que ello tendrá sobre su salud. Además, se establecen copagos sobre transporte sanitario, dietas, órtesis y prótesis que suponen una barrera económica fundamental para el acceso a prestaciones necesarias para las personas con bajos ingresos y serios problemas de salud. Un cálculo aproximado señala que en torno a 6 millones de personas no pueden acceder a prestaciones sanitarias por este motivo.
 
Exclusiones de colectivos
EL RDLey 16/2012 ha cambiado el modelo sanitario pasando de un modelo de cobertura universal a otro en el que la cobertura esta ligada al aseguramiento. De manera inmediata ha supuesto la exclusión de las prestaciones asistenciales de las personas inmigrantes no regularizadas en nuestro país, un hecho especialmente grave porque se trata de un colectivo con muy pocos recursos económicos y que ya ha provocado al menos 2 muertes documentadas y graves problemas de salud para muchas personas (se calcula que se ha excluido de la cobertura a mas de 800.000 personas). Por otro lado se ha excluido también a los que perciben rentas superiores a 100.000 €, pero existe el peligro de exclusiones en cascada de grupos cada vez mayores de población (ya se ha anunciado el de los españoles que vivan menos de 90 días al año en nuestro país).
 
Recortes de la cartera de servicios
La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se ha fragmentado en 3, la básica que se va a reducir progresivamente (ya se han excluido de la reproducción asistida a las personas sin pareja), pero lo previsible es que se vayan excluyendo paulatinamente cada vez mas prestaciones que pasarían a estar sujetas a copagos.
 
Las privatizaciones
Las privatizaciones han ido avanzando en este año de manera muy importante. No solo el plan madrileño de privatizar 6 hospitales semiprivados, sino además hay proyectos en marcha de privatizaciones en la mayoría de las CCAA, y todo ello a pesar que existen evidencias, en España y a nivel internacional, de que las privatizaciones suponen un mayor coste (entre 6 y 8 veces), no mejoran la calidad de las prestaciones y frecuentemente están vinculadas a numerosas irregularidades y a intereses personales de los privatizadores, lo que se conoce como "puerta giratoria".
 
Las unidades de gestión clínica
Una nueva formula para evitar el rechazo social y profesional que han suscitado las privatizaciones son las llamadas "unidades de gestión clínica" que pretenden la fragmentación de la red pública en numerosas microempresas, en las que estará presente el capital privado y que están planteadas para permitir la privatización de la red pública  dando un rodeo que evite su visibilidad. En este proyecto juegan un papel importante los colegios profesionales que, a cambio de mantener  la anacrónica obligatoriedad de colegiación, pretenden ofrecer respaldo profesional a las iniciativas privatizadoras del Gobierno del PP:
 
Y el aborto
Por fin, está la nueva legislación sobre el aborto que está pensada para imposibilitarlo en la práctica. Se trata de una iniciativa de exclusivo carácter ideológico que solo representa las posiciones del fundamentalismo católico y que excluye cualquier tipo de consideración sanitaria, como es la evidencia de la inequidad en el acceso que va a suponer (las mujeres con medios económicos resolverán el  problema en el extranjero) y los problemas de salud para las mujeres, resultado de los abortos clandestinos. Este proyecto ignora tanto la experiencia en España como a nivel internacional y las múltiples recomendaciones de los organismos internacionales al respecto.
 
Un Ministerio inútil e incapaz
El papel del Ministerio de Sanidad en todo este año ha sido penoso. No solo ha capitaneado los recortes sino que ha demostrado su incapacidad para hacer las cosas con un mínimo de organización (véase la normativa para el copago en las farmacias hospitalarias) o de preocupación por la salud (la normativa antitabaco se ha salvado por las excesivas pretensiones de Adelson, no por la actuación del Ministerio, la propia normativa sobre el aborto, etc). Desde el Ministerio ha optado por la ocultación y la manipulación más grosera para intentar negar la realidad ( como comparar el gasto farmacéutico con el de 2011 para que no se evidenciara el repunte de los últimos meses, etc); en realidad se ha convertido en el ministerio de la insalubridad, la desigualdad y la manipulación.
 
Nos avisan desde fuera
 
A pesar de los intentos de ocultación, el empeoramiento es tan visible que los últimos informes de los organismos internacionales (OCDE, UE, FMI) señalan los graves problemas que amenazan a la salud de los españoles y desde fuera de nuestras fronteras se ve con sorpresa que un sistema sanitario que se consideraba modélico a nivel internacional está siendo destruido de manera intencionada, lo que ha sido señalado en las revistas científicas mas prestigiosas del mundo (British Medical Journal, The Lancet, etc).
 
 
No todo fue negativo
Sin embargo no todo fue negativo en 2013, porque hay algunas hechos positivos que merece la pena resaltar, como son:
 
La supresión del euro por receta
Que ya se había suprimido en Cataluña en 2012 lo fue en Madrid en enero de 2013, de todas maneras conviene señalar que muchos ciudadanos lo pagaron y la Comunidad de Madrid no se lo ha devuelto todavía
 
Las movilizaciones
Con todo el hecho mas positivo ha sido la amplia movilización social y profesional en defensa de la sanidad pública que ha tenido una gran importancia en Madrid, pero que también la ha tenido en otras CCAA como Galicia, Murcia, Canarias, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Castilla la Mancha, etc. De hecho, en todas las CCAA han existido movilizaciones más o menos amplias. Muy importante es el hecho de que se ha conseguido un gran consenso ciudadano de la importancia de la Sanidad Pública, la necesidad de su defensa y los efectos negativos de las privatizaciones.
 
La paralización de algunos recortes y privatizaciones
Como resultado de las movilizaciones se ha logrado paralizar muchos de los recortes y de las privatizaciones. Aparte de lo logrado en Madrid, donde todavía la jugada más ambiciosa está pendiente de llevarse a cabo, conviene recordar que 4 hospitales en Castilla La Mancha iban a ser privatizados y se quedo en ninguno, que se cerraron puntos de atención continuada en Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura  que en muchos casos tuvieron que reabrirse, que se quería hacer hospitales con el modelo PFI en Alcañiz, en Mérida, Cáceres, etc y que de momento están paralizados, etc. Es decir, el efecto de las movilizaciones ha sido el ralentizar la oleada privatizadora y, como ya se ha dicho, que el gobierno del PP busque algunos rodeos para continuarla. En todo caso esta claro que se está logrando paralizar la ofensiva, al menos por el momento.
 
Lo que nos queda por ver y por hacer
Las cosas han ido muy mal en 2013, pero pueden empeorar. Es evidente que la política del PP pretende retrotraernos a los años 70 en los que había una segmentación de la cobertura sanitaria en tres grupos de población: los que tenían mas medios económicos eran atendidos por seguros privados, los trabajadores por una seguridad social de baja calidad y el resto de la población por la beneficencia. Si lo consiguiera, el nivel de salud de la población empeoraría notablemente y las desigualdades sanitarias se harían escandalosas.
 
Es obvio que estos planes contaban con un rápido deterioro del sistema sanitario público por los recortes y un aumento notable del sector privado favorecido por las crecientes privatizaciones, y también con la atonía y falta de respuesta de profesionales y ciudadanos. Las cosas no les han salido como pensaban, pero es previsible que continuaran con sus intentos de desmantelamiento, deterioro y privatización de la Sanidad Pública, y que buscaran todo tipo de rodeos y estrategias para avanzar en ese camino. Nuestra tarea es impedírselo, porque este país, los profesionales de la Sanidad Pública y los ciudadanos no nos lo merecemos, por eso hay que generar respuestas sociales y profesionales, masivas, unitarias y sostenibles en el tiempo.
 
 
Juntos podemos. También en 2014.
 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Diciembre de 2013
 
 

24 dic 2013

El Partido Humanista rechaza la reforma de la ley del aborto propuesta por el Gobierno

Defiende la libertad de opción y denuncia la violencia que se manifiesta en la acción de despojar de intención y de libertad al ser humano o a conjuntos humanos, en este caso a las mujeres

 
El Partido Humanista rechaza totalmente el  texto que ha presentado el Gobierno del PP, como anteproyecto de ley que denomina "de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada", y considera que es una nueva concesión a la ultraderecha y un ataque a la libertad y los derechos de las mujeres.

El proyecto solo recoge dos supuestos legales para poder abortar: el embarazo fruto de violación –hasta 12 semanas- y el grave peligro para la salud, física y síquica, de la mujer gestante –hasta 22 semanas-. En éste último está subsumido el supuesto de malformación del feto, que también deberá afectar gravemente a la salud de la mujer para ser legal, por lo que se convierte en un supuesto de doble condicionamiento y de doble prueba.

De este modo la penalización del aborto es más grave que en los supuestos de la ley de 1985. Todos los procedimientos para llegar a la práctica efectiva de la intervención aparecen adornados de un protocolo complicado, lento, burocrático, con tiempos de espera y reflexión muy amplios y mediatizados por voluntades e informes ajenos y externos a la mujer, tanto de técnicos como de personas que tutelan a la mujer.

Las características de esta propuesta de ley han sido anunciadas en los medios de comunicación, desencadenando reacciones en amplios sectores de la sociedad y en especial entre las organizaciones de mujeres y el colectivo de profesionales que realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, quienes han desmontado, uno a uno, los cínicos e inconsistentes argumentos esgrimidos por los defensores de la propuesta de Ruíz Gallardón. Y han advertido que más del 90% de las mujeres que han interrumpido voluntariamente su embarazo en nuestro país estarán abocadas viajar a otro país para abortar o a someterse a un aborto clandestino, circunstancia que pondrá en riesgo su salud y su vida -por cierto, cabe señalar que con la actual ley, los abortos no han aumentado, sino todo lo contrario- .

El Partido Humanista defiende la libertad de opción y denuncia la violencia que se manifiesta en la acción de despojar de intención (y, por cierto, de libertad) a las mujeres. Son  las mujeres quienes deben decidir sobre su cuerpo y su futuro de acuerdo a sus creencias. Aquellas que decidan abortar han de ser apoyadas, garantizándose que pueden hacerlo libremente, con el aval de la ley, de forma gratuita y en los servicios de salud públicos. También las que decidan llevar adelante su embarazo deberían contar con el respaldo de las instituciones y con recursos económicos y sociales, independientemente de su condición y de su orientación ideológica, religiosa, sexual o social –cosa, que no se está cumpliendo-.

Además del derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, se debe garantizar el acceso a una educación sexual y reproductiva desde la infancia y a medios anticonceptivos sin restricciones.
Esta política restrictiva y negadora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres quiere imponer una particular moral religiosa y una visión parcial del mundo al conjunto social como si fuera la verdad absoluta, mediante leyes y políticas ultraconservadoras que consideran a la mujer como una víctima y un ser sumiso e incapaz.

Asimismo, insisten en ubicar al no nacido como ser humano, algo que el Tribunal Constitucional ha rechazado en varias sentencias: la vida del "nasciturus" es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde de ninguna manera la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona y el "nasciturus" no lo es.
Para los humanistas, "el ser humano es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza".  

El ser humano puede transformar incluso su propia constitución física, como está sucediendo con la instalación de prótesis o  la intervención en sus genes. La fecundación in vitro está permitiendo sobrepasar las limitaciones impuestas por la naturaleza, generando la opción de dar vida a personas con dificultades para el embarazo, o del mismo sexo y abriendo la puerta a desvincular la reproducción de la especie de determinados modelos. Esa liberación, que afecta de manera especial a las mujeres, generará nuevos modelos de relación y nuevos sistemas sociales. Gallardón y sus amigos (por cierto, no había ninguna mujer en el grupo de estudio que ha parido la propuesta de ley del gobierno) no quieren que eso suceda.

El Partido Humanista llama a la movilización frente a este nuevo atropello y a la participación en las movilizaciones anunciadas por el movimiento feminista, que tanto esfuerzo ha realizado para que se reconozca este derecho hoy en peligro.