El Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública rechaza la existencia de fraude en el cobro de las prestaciones por dependencia en Canarias, fundamentales para favorecer la calidad de vida y de salud a las personas dependientes.
El Gobierno canario aseguró el pasado jueves que seguiría la pista a los familiares de los 197 dependientes que según su versión, tras su fallecimiento, continuaron percibiendo las prestaciones a que tenían derecho hablando de un fraude que habría supuesto a las arcas autonómicas un quebranto de 817.479 euros entre 2007 y 2011.
Demasiado rápido se despachó el portavoz del gobierno canario, Martín Marrero, afirmando que se estudiaría cada caso de manera individual para determinar las sanciones que se puedan aplicar, cuando es de sobra conocido que su gobierno ha retrasado hasta el infinito el pago de las prestaciones por lo que mucha gente, demasiada, se ha muerto sin recibirlas. Es más, la mayoría de los beneficiarios de Canarias no ha recibido las prestaciones, con el consiguiente impacto negativo en su salud, tanto de las personas dependientes como de las cuidadoras.
Por tanto, no se puede culpabilizar a personas que no han recibido un dinero que está en las arcas públicas y no se pagó a los fallecidos, como señala el Tribunal de Cuentas en un informe, "ha habido falta de comunicación de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una financiación indebida. Sin embargo, continúa el informe, eso no significa que las familias de los beneficiarios fallecidos recibieran el dinero ya que la administración autonómica sí que dejó de abonarles la prestación al ser informados del deceso".
Además, hay que tener muy en cuenta, por otro lado, que la ley permite el cobro retroactivo por las familias si el dependiente ha fallecido habiéndosele reconocido el derecho a una prestación que nunca le llegó o que iba con retraso desde la fecha de concesión.
El documento citado deja clara la total descoordinación y errática gestión de las ayudas a la dependencia por parte de los organismos públicos y en cualquier caso, son intolerables las imputaciones de fraude que el portavoz de un gobierno fraudulento, mentiroso, e incapaz como el canario, se permite hacer respecto a los sectores más desfavorecidos y maltratados por el mismo sin que tengan consecuencias, como mínimo, políticas. En fin, una razón más para volver a pedir la dimisión del mencionado portavoz y de la máxima responsable de este desaguisado que no es otra que la consejera Inés Rojas.
23 de enero de 2013
Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública
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