Con el inicio de este mes de septiembre se ha consumado un nuevo ataque contra los derechos de la población. Especialmente contra los inmigrantes en situación irregular, a los que se niega la asistencia sanitaria si no pueden pagarla. Esta medida se suma a las que recientemente se están aplicando contra los pensionistas, a los que se les obliga a pagar cantidades sustanciales de sus pensiones, enfermos crónicos y a todos los usuarios en general. Muchos sencillamente no podrán pagar los medicamentos o la asistencia con riesgo para sus vidas y para la salud de todos.
Y nuevamente se justifica todo por el dinero. No hay recursos, dicen, para mantener un sistema sanitario como el actual, ni para atender a los que no pagan. Para los que dejan fuera del sistema público, estarán abiertas las puertas de las urgencias afirman. Las situaciones que se generarán son completamente absurdas: urgencias colapsadas, enfermos sin tratamiento a causa de la falta de recursos, riesgo de epidemias para la salud pública y la ominosa discriminación contra los afectados, a los que se rechaza y además se acusa de causar los problemas económicos del sistema.
Es mentira que el sistema sanitario español sea tan costoso, la sanidad pública que teníamos en España cuesta menos que la de Estados Unidos, a pesar que en los Estados Unidos, la asistencia es peor, y está en las manos privadas de mutuas y aseguradoras privadas. Lo privado no es más barato que lo público, al contrario. Denunciamos que detrás de los recortes y del deterioro intencionado del sistema público están los intereses de las grandes corporaciones, favorecidas por el Gobierno del PP, que tienen así la oportunidad de incrementar sus beneficios convirtiendo la asistencia sanitaria en un negocio. Las medidas del Gobierno no servirán para ahorrar, sino para que ese sector gane más dinero. Si en este sistema, cuyo valor central es el dinero, la guerra es un gran negocio, ¿por qué no iba a serlo la salud, la educación, la justicia, y así siguiendo?
La calidad del servicio público se apoya en el personal médico y administrativo de los hospitales y centros de salud, que están en condiciones cada vez mas difíciles: se amortizan las plazas, se despiden interinos, se cierran instalaciones y cada vez tienen menos recursos, y a pesar de todas esas trabas, este personal está empeñado en defender un modelo de sanidad que es de los mejores del mundo.
Pero no defendemos el sistema público porque es más barato, o porque podamos pagarlo, sino porque la salud, la educación, las necesidades básicas de las personas, están por encima de cualquier deuda, del dinero, del Estado o de cualquier otra consideración. Poniendo todo en función de la salud y la educación, los complejísimos problemas económicos y tecnológicos de la sociedad actual tendrán el enmarque correcto para su tratamiento. Nos parece que procediendo de modo inverso no se llegará a conformar una sociedad con posibilidades evolutivas.[1]
También queremos manifestar nuestro apoyo a los miles de médicos que ya han anunciado su intención de desobedecer esta ley y de atender a todo el mundo independientemente de si tiene o no papeles, o de si cotiza o no.
Esta iniciativa es esperanzadora. Si miles de médicos la llevan a cabo y se suman el personal administrativo y los usuarios de los centros de salud, si una mayoría social acuerda que la salud es un derecho esencial de la persona y que está por encima de toda actividad especulativa, ¿que fuerza podrá oponerse a que lo ejerzamos?
[1] Silo. Cartas a mis amigos.
¡La no-violencia es la fuerza que transformará el mundo!
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